El departamento del tesoro de Los Estados Unidos sancionó hoy lunes a funcionarios del régimen sandinista de Daniel Ortega, los señalados por la oficina del departamento del tesoro son: el comisionado Fidel Domínguez, jefe de la Policía de León, el diputado de la comision económica del Frente Sandinista, Wálmaro Gutiérrez y el magistrado vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, Marvin Aguilar.
La Oficina del Control de Activos (OFAC) del Departamento del Tesoro dijo que estas sanciones son “un esfuerzo por apuntar a los funcionarios gubernamentales que continúan ayudando al régimen de Ortega a socavar la democracia de Nicaragua”.
“Las personas designadas hoy son responsables de cooperar con los mecanismos de información judicial o financiera para apoyar la identificación sistemática, la intimidación y el castigo de la oposición política por parte del régimen de Ortega”, explicó el Tesoro.
El comisionado general Fidel Domínguez fue sancionado por dirigir “numerosos ataques contra ciudadanos y periodistas nicaragüenses”. Según los informes, “Domínguez también estuvo implicado en la tortura y palizas de un exdiputado de la oposición y tres miembros de una familia de conocidos opositores al régimen de Ortega”.
El magistrado Marvin Aguilar es el vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Secretario Político Nacional del Consejo de Liderazgo Sandinista y miembro del Consejo para la Administración y Carrera Judicial de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua.
Estados Unidos señala que el magistrado garantiza que los militantes del régimen sandinista sean seleccionados para puestos clave. “Como secretario político nacional.
Aguilar está en contacto directo con el presidente Daniel Ortega y Rosario Murillo y según los informes, coordina la selección de miembros de la oposición prodemocrática”, detalla el Tesoro.
El diputado Wálmaro Gutiérrez es presidente de la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto de la asamblea nacional, apoyó públicamente la ley de agentes extranjeros.
“Esta ley, que contempla multas y otras sanciones legales por incumplimiento, probablemente se utilizará para atacar a personas u organizaciones clave que el gobierno considere una amenaza. La ley también afectará a los ejecutores de programas humanitarios y democráticos en el país”, explicó el Tesoro.