Por Xavier Arguello
El sábado 5 de junio de este año, el Dr. Arturo Cruz, uno de los precandidatos en las elecciones del próximo 7 de noviembre en Nicaragua, fue detenido en el aeropuerto de Managua por la policía sandinista, al regresar de un viaje privado a Estados Unidos.
Tres meses y medio después continúa incomunicado.
El gobierno lo acusa de traición a la patria, en conformidad a la Ley 1055, denomina Ley de los Derechos de Pueblo y la Soberanía. El motivo parece haber sido una entrevista radial en la que advertía que Nicaragua podía quedar fuera del CAFTA si no se celebraban elecciones libres y democráticas en noviembre
La misma Ley 1055 se les ha aplicado a otros cuatro precandidatos y a numerosos políticos, empresarios y periodistas. Estas leyes tipifican una gran variedad de actos, que van desde “realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación, a incitar a la injerencia extranjera, pedir intervenciones militares, proponer bloques económicos, etc., etc.”.
A unos, la ley se les aplicó por dar declaraciones públicas en el exterior: a otros, por recibir donaciones del NED, la USAID y la Unión Europea.
Ortega ha hecho aparentemente buen uso de la frase de Napoleón, que para gobernar bien hay que promulgar tantas leyes que nadie esté seguro de no ser colgado.
En los años 80, Arturo Cruz fue un destacado activista antisandinista.
Robert Leiken, Bernard W. Aronson y otros liberales adoptaron una posición más crítica con el FSLN después de largas conversaciones con Arturo, en una época en que la revolución sandinista estaba de moda en los sectores liberales de Estados Unidos.
El Informe Leiken, a su regreso de un viaje a Nicaragua promovido por Cruz en 1971, fue citado por el presidente Reagan.
En su campaña contra los sandinistas y en favor de la Contra, Arturo Cruz trabajó de cerca con Elliott Abrams, Under Secretary of State for Latin American Affairs, Robert Kagan y Crescencio Arcos.
Su amistad con Martin Peretz permitió a varios escritores nicaragüenses disidentes publicar en The New Republic; y abrió las páginas del New York Review of Books y la página de opinión del Washington Post.
Lamentablemente, después la guerra civil de los ochenta, que desembocó en elecciones libres, la democracia nunca terminó de consolidarse en Nicaragua.
Posteriormente, Cruz obtuvo un Master en John Hopkins y un doctorado en Oxford y ha sido profesor por 25 años en INCAE, la escuela de postgrado en administración de empresas creada por la universidad de Harvard en 1964 en Nicaragua y con sede ahora en Costa Rica, para entrenar a los futuros empresarios y administradores de la región.
Ortega recuperó el poder en 2006, gracias a los pactos con otro grupo político que eliminó la segunda vuelta.
Ese año, Cruz fue enviado como embajador a Washington. Ortega deseaba mejorar sus relaciones con la Casa Blanca y asegurarse que la cuenta del milenio no se interrumpiera, ni Nicaragua quedara fuera del CAFTA. A los dos años, Cruz renunció, al ver que era insostenible seguir representando a un gobierno que no sólo no cumplía con las normas democráticas, sino que estaba entregado a una campaña voraz de enriquecimiento con fondos de Venezuela, y acomodaba las condiciones para seguir indefinidamente en el poder.
A partir de entonces Ortega se ha reelegido dos veces, en elecciones con escasa participación, y actualmente busca su cuarto periodo consecutivo y quinto en total.
Después de las violentas protestas populares de 2018, que produjo más de trecientos muertos, sobre todo jóvenes y estudiantes, Ortega reconstituyó el Consejo de Elecciones con miembros incondicionales de su partido y montó un sistema electoral a todas luces cargado a su favor.
Aparentemente eso no le ha bastado para sentirse seguro.
Temeroso que pueda darse algún imprevisto a la hora de contar los votos, Ortega ordenó la sistemática captura de candidatos opositores, a fin de eliminar cualquier aspirante que tenga la más mínima posibilidad de despertar el entusiasmo del pueblo.
La represión política pretende además intimidar al pueblo, obligándolo a aceptar la situación actual como inevitable.
Siguiendo un libreto cubano, Ortega busca grabar en la mente de los nicaragüenses que sólo hay una realidad, que es el control absoluto de la familia Ortega, respaldada por una falange de policías indoctrinados por asesores cubanos, paramilitares reclutados entre la delincuencia local y un ejército complaciente con sus excesos…todos entrelazados por los nexos de la corrupción
A diferencia de Aung San Suu Kyi, Aleksei Navalny y otras víctimas de regímenes totalitarios, los presos nicaragüenses no cuentan con la resonancia de esas causas célebres.
El pueblo nicaragüense pide ayuda de la comunidad internacional para salir de esta crisis, causada por un dictador senil e invisible, y su Lady Macbeth tropical.
La única manera de lograrlo es a través de elecciones libres, democráticas y supervigiladas por observadores internacionales.
Un proceso electoral abierto a todos los grupos de oposición, que reinstaure una segunda vuelta, como estaba anteriormente estipulado, a fin de evitar que ningún candidato gane la presidencia con un porcentaje minoritario de votos.
Mientras tanto, Arturo Cruz y los demás presos políticos languidecen en las cárceles de El Chipote, el Gulag de Daniel Ortega a 90 grados. No recibe visitas, alimentos, ni medicinas. No se le permite material de lectura. Se desconoce su estado físico. La crueldad policial del régimen se ha concentrado especialmente en el líder estudiantil Lester Avilés Estos desafortunados ciudadanos son rehenes de un dictador dispuesto a utilizar la vida de sus prisioneros para imponer su voluntad.
El autor es abogado y ex embajador de Nicaragua en varios países europeos