La dictadura Sandinista envió a reformar la Ley 917 o Ley de Zonas Francas de Exportación, con la que busca reemplazar a los representantes del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) y asignar a uno de sus alineados en la Comisión Nacional de Zonas Francas de Nicaragua (CNZF).
Es decir, el régimen Sandinista canceló de facto la participación de dos representantes del COSEP, incluyendo al representante de la institución privada que tenían derecho de integrar la Junta Directiva de la agencia.
Con estos cambios en la CNZF, los Ortega-Murillo centralizaron la entidad y dejaron por fuera a los ya asignados del COSEP, obviando que también existen zonas francas de dominio privado.
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La CNZF, que es el ente rector y promotor del Régimen de Zonas Francas en el país que promueve, desarrolla, opera, dirige y administra las zonas francas públicas, pero también incluía a las del sector privado.
El COSEP pertenecía al CNZF cuando este era parte del llamado “modelo de diálogo y consenso” instituido por Daniel Ortega, pero se rompió en 2018 cuando los directivos de ese entonces, se revelaron contra la dictadura luego que se servían de sus beneficios.