Incertidumbre y pánico persiste en los miles de migrantes que residen en el Estado de Florida, Estados Unidos, tras la nueva ley firmada por el gobernador Ron DeSantis que ilegaliza la estadía de indocumentados en la ciudad.
En definitiva, la ley contempla la expulsión de toda persona indocumentada a otro Estado del país, así como multas a migrantes y ciudadanos estadounidense que circulen con personas que no tienen un estatus legal.
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La nueva normativa llamada Ley SB 1718, firmada el pasado 10 de mayo, entrará en vigencia el próximo primero de julio con una aprobación de 12 millones de dólares para la reubicación de los indocumentados, de moco que miles de inmigrantes han considerado abandonar la ciudad.
Una de las duras medidas que contempla la ley, es que los permisos para manejar que hayan sido emitidos por otros Estados perderán validez en Florida.
La sección 3 de la SB 1718 establece que: “si una licencia de conducir es de una categoría de licencias emitidas por otro estado exclusivamente para inmigrantes indocumentados que no puedan demostrar presencia legal en los Estados Unidos cuando la licencia fue emitida, esa licencia, o cualquier otro permiso que busque autorizar al conductor a manejar un vehículo de motor en vías públicas, no es válida en este estado”.
En ese sentido, el Artículo indica que cualquier funcionario policial de Florida que detenga a una persona manejando con una licencia de otro estado, puede ser objeto de una multa de hasta 500 dólares y una orden de cárcel por hasta 60 días hábiles.
Por otro lado, en la sección 10 de la normativa considerará como “delito grave” a “cualquier persona que consciente y deliberadamente transporte dentro de este estado a un individuo que esa persona sepa, o que razonablemente debería saber, que entró a los Estados Unidos en violación de la ley y que no ha sido inspeccionado por el gobierno Federal desde su entrada ilegal desde otro país, comete un delito grave de tercer grado”.
Esta sección contempla que toda persona estadounidense que circule con un indocumentado, ya sea su hijo o esposo, este será acusado de tráfico de humanos. Las penas establecidas por este “delito ronda entre cinco años de prisión y multas de 5.000 dólares si el inmigrante es mayor de edad, pero en el caso de un menor de edad es de 15 años de prisión y multas de 15.000 dólares si en el vehículo hay menores.
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Otra medida plasmada en la legislación, obliga a todas las empresas con más de 25 trabajadores utilizar la el sistema de verificación E-Verify, para certificar el estatus migratorio de sus operarios. De constatar la contratación de inmigrantes, los empleadores podría recibir multas de hasta mil dólares por día.
También, los hospitales de la ciudad deberán verificar la condición legal del migrante a través del sistema de verificación. Los centros hospitalarios tendrán el deber de informar trimestralmente al gobierno del Estado sobre el estatus de los pacientes, de no reportarlos, estarán sujetos a sanciones.