Organizaciones proinmigrantes de Florida, EE.UU. y cientos de migrantes de distintas nacionalidades, en su mayoría nicaragüenses, protestaron este primero de junio en contra del gobernador de esa ciudad, Ron Desantis, en contra de la ley migratoria que supone la expulsión de indocumentados que no tengan vigente un estatus legal.
Migrantes y empresarios estadounidenses que están en contra de la nueva legislación, marcharon por las calles de Florida y convocaron a un “paro laboral” resaltar las “consecuencias destructivas” de las políticas del gobernador del estado y candidato a las primarias republicanas Ron DeSantis.
Manifestantes, mostraron su total rechazo a la legislación SB 1718, promulgada recientemente y que entrará en vigor el próximo 1 de julio, y enunciaron que esta medida afectará a sectores como la agricultura, la construcción, labores ejercidas por migrantes, así como el turismo.
Ley SB 1718
La ley contempla la expulsión de toda persona indocumentada a otro Estado del país, así como multas a migrantes y ciudadanos estadounidense que circulen con personas que no tienen un estatus legal.
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Una de las duras medidas que contempla la normativa, es que los permisos para manejar que hayan sido emitidos por otros Estados perderán validez en Florida.
La sección 3 de la SB 1718 establece que: “si una licencia de conducir es de una categoría de licencias emitidas por otro estado exclusivamente para inmigrantes indocumentados que no puedan demostrar presencia legal en los Estados Unidos cuando la licencia fue emitida, esa licencia, o cualquier otro permiso que busque autorizar al conductor a manejar un vehículo de motor en vías públicas, no es válida en este estado”.
En ese sentido, el Artículo indica que cualquier funcionario policial de Florida que detenga a una persona manejando con una licencia de otro estado, puede ser objeto de una multa de hasta 500 dólares y una orden de cárcel por hasta 60 días hábiles.
Por otro lado, en la sección 10 de la normativa considerará como “delito grave” a “cualquier persona que consciente y deliberadamente transporte dentro de este estado a un individuo que esa persona sepa, o que razonablemente debería saber, que entró a los Estados Unidos en violación de la ley y que no ha sido inspeccionado por el gobierno Federal desde su entrada ilegal desde otro país, comete un delito grave de tercer grado”.
Esta sección contempla que toda persona estadounidense que circule con un indocumentado, ya sea su hijo o esposo, este será acusado de tráfico de humanos. Las penas establecidas por este “delito ronda entre cinco años de prisión y multas de 5.000 dólares si el inmigrante es mayor de edad, pero en el caso de un menor de edad es de 15 años de prisión y multas de 15.000 dólares si en el vehículo hay menores.
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Otra medida plasmada en la legislación, obliga a todas las empresas con más de 25 trabajadores utilizar la el sistema de verificación E-Verify, para certificar el estatus migratorio de sus operarios. De constatar la contratación de inmigrantes, los empleadores podría recibir multas de hasta mil dólares por día.
También, los hospitales de la ciudad deberán verificar la condición legal del migrante a través del sistema de verificación. Los centros hospitalarios tendrán el deber de informar trimestralmente al gobierno del Estado sobre el estatus de los pacientes, de no reportarlos, estarán sujetos a sanciones.