La Corte Penal Internacional dio un plazo de 3 meses al dictador y narcotraficante Nicolás Maduro para que se presente a testificar sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos contra la oposición y la sociedad civil en las protestas de 2017.
La notificación fue emitida luego que la Corte Penal abriera una investigación formal en contra de Maduro el pasado 3 de noviembre, luego de una visita del fiscal Karim Khan, para evaluar la condición de los derechos humanos en Venezuela.
El texto firmado por el fiscal Karim Khan indica que “esta prórroga es adecuada y está justificada debido a varias circunstancias, que deben considerarse excepcionales”, así mismo, señala que el tiempo designado dará tiempo para que el fiscal de la CPI viaje a Venezuela y pueda “entablar un diálogo significativo con el Gobierno de Venezuela sobre cuestiones de admisibilidad con miras a evaluar, entre otras cosas, el alcance y la necesidad de recurrir a posibles procedimientos”.
Cabe señalar que la CPI con sede en La Haya, puede permitir que las víctimas se presenten ante el juicio para atestiguar en contra de Maduro.
¿Responderá Maduro a la citatoria por la CPI? ¿Se sumará a lista de juzgados por CPI?
Cabe señalar que hasta el momento la CPI a procesado a 3 líderes criminales, entre ellos:
Muamar el Gadafi de Libia, quien gobernó Libia durante 42 años matando a disparos a centenares de personas y ordenó perseguir casa por casa a quienes protestaron en contra de su gobierno. Su caso fue referido el 26 de febrero de 2011 a la CPI por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
Laurent Gbagbo expresidente de Costa de Marfil, juzgado por la CPI en 2011 por asesinato, violación, actos inhumanos y persecución cometidos por el gobierno contra la oposición entre 2010 y 2011, durante la violencia postelectoral en esa nación africana, en la que murieron casi 3.000 personas.
y por último, Omar al-Bashir, expresidente de la República de Sudán desde 1993, quien tuvo dos órdenes de detención por la CPI. La primera vez el 4 de marzo de 2009 y la segunda el 12 de julio de 2010. Fue acusado por crímenes de lesa humanidad, asesinato, exterminación, transferencia forzosa, tortura y violación.