Luego que la dictadura Sandinista creara una Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos que propone el aumento de pena y confiscación de bienes para los presos políticos, este miércoles la Asamblea Sandinista aprobó el informe para castigar a los opositores de Ortega-Murillo.
El parlamento aprobó el informe con 77 votos a favor y 11 en contra para condenar a más años de prisión a los futuros presos políticos por supuestos delitos de “menoscabo a la integridad nacional”.
El informe propone incrementar entre 15 a 20 años de cárcel las condenas contra los futuros presos políticos de Nicaragua juzgados por “traición a la patria”, “menoscabo a la soberanía nacional”. “crímenes de odio” y “ciberdelito”.
También, exige agregar al artículo 409 del Código Penal bajo el concepto de “extinción de dominio”, lo que significa la confiscación de bienes de quienes se han acusados y condenados por los supuestos delitos.
“para aquellos condenados que utilizaron o adquirieron bienes, en la comisión de delitos de traición a la patria, delitos que comprometen la paz, delitos contra la Constitución Política y conexos, así como aquellos que fueron beneficiados con bienes entregados por el Estado” serán piñateados, dice el informe.
Régimen Sandinista cancelas otras 25 ONG
Ortega en un acto de desquite, les quitará los bienes como casa, mansiones, hoteles, fincas, manzanas de terrenos, negocios, etc., a quienes fueron beneficiados por el Estado y que participaron en la piñata de los años 80.
Es decir, todos los bienes adquiridos por exguerrilleros Sandinistas como Hugo Torres, Víctor Hugo Tinoco, Gioconda Belli, Sergio Ramírez, Dora María Téllez, entre otros, que les fueron repartidos los bienes robados a la familia Somoza, ahora serán confiscados por la dictadura Sandinista por ser considerados “traidores de la patria”.
Así mismo, se le confiscará los bienes a los Sandinistas que se sirvieron del Estado para adquirir una “organización no gubernamental” y que hayan traicionado a la familia dictatorial.
El informe ya aprobado por los parlamentarios Sandinistas, carece de legalidad e imparcialidad, pues el escrito se basó por la consulta de legisladores Sandinistas, por “víctimas de crímenes de odio y familiares de personas asesinadas durante el fallido intento del golpe de Estado de 2018”.
El documento fue firmado por Edwin Castro, jefe de la bancada del FSLN; Filiberto Rodríguez, Carlos Emilio López y Jenny Martínez. También, Lenín Soza Robelo, jefe de Asesoría Legal de la Policía; Javier Morazán, de la Unidad de Crimen Organizado del Ministerio Público; Douglas Vargas, inspector general de la Fiscalía; el magistrado sandinista Henry Morales y la jueza oficialista Nadia Camila Tardencilla y otros funcionarios de la dictadura.
50 nicaragüenses utilizaron una cuerda para cruzar el río Bravo
Por otro lado, los que apoyaron el informe, exigen ajusticiar a los sacerdotes o defensores que derechos humanos “que se involucraron en la aventura golpista”.
La dictadura Sandinista pretende callar e intimidar a través de leyes ilegales a quienes hablen contra el régimen, como lo han hecho la iglesia católica y quienes denuncian los ataques a los derechos humanos.