Luego que la dictadura Sandinista de Daniel Ortega cancelara más de 300 ONG desde 2018 hasta la fecha, la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas (OACNUDH) instó a las “autoridades nicaragüenses cesen las indebidas cancelaciones” de los organismos de la sociedad civil.
“Es crucial que las autoridades nicaragüenses cesen las indebidas cancelaciones y restablezcan la personalidad jurídica de todas las organizaciones, partidos políticos y medios de comunicación que han sido cerrados arbitrariamente. Instamos a las autoridades a que devuelvan todos los bienes, documentos y equipos indebidamente incautados”, dijo Liz Throssell, portavoz de la OACNUDH.
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Aunque los llamados y condenas de la ONU quedan engavetados, dicen estar “profundamente preocupados” por las leyes arbitrarias que restringen el funcionamiento de las organizaciones “obligándolas a solicitar la aprobación del gobierno para sus actividades e imponen nuevas obligaciones de información, como detallar las fuentes de financiación, los estados financieros, las actividades y los beneficiarios”.
Así mismo, la alta comisionada expresó su preocupación por la “nueva ley que entró en vigor en Nicaragua el viernes y que restringe aún más el funcionamiento de la sociedad civil, en contra de las obligaciones del país en materia de derechos humanos”.
Con esta ley, supuestamente pretenden evitar el lavado de activos y fue aplicada a 50 organizaciones canceladas por la dictadura Sandinista por dos días consecutivos.