La dictadura Sandinista de Daniel Ortega y Rosario Murillo serán investigados por la justicia de Argentina de manera independiente por sus crímenes de lesa humanidad, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones y torturas ejecutadas por el régimen en el marco de las protesta civiles en contra del gobierno en 2018.
La apertura a una investigación penal en contra de Ortega-Murillo comenzó a partir de una denuncia presentada por los abogados Darío Richarte y Diego Pirota al juez federal Ariel Lijo, quien ordenó a la justicia de Argentina que se abra una investigación si existen causas judiciales para el inicio del proceso.
Grupo armado ajusticia a policías y paramilitares sandinistas en San Carlos, Río San Juan
La agencia de noticias Infobae consultó al fiscal Eduardo Taiano, quien explicó que Argentina tiene todas las facultades para iniciar un proceso de investigación contra cualquier gobierno que haya cometido crímenes contra su pueblo, basándose en el artículo 118 de su Constitución que “establecen el deber de los tribunales internos de investigar en nombre de la comunidad internacional con independencia del lugar donde se hayan suscitado (conforme párrafo sexto del preámbulo del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional)”.
Según el reporte, la justicia de Argentina se basará en todos los resultados de las investigaciones realizadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Consejo de Derechos Humanos (ONU), la Organización Amnistía Internacional, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para Nicaragua.
En la denuncia también están incluidos funcionarios y allegados cómplices de la dictadura Sandinista, responsables de las ejecuciones, persecución, torturas y asesinatos de civiles desarmados.
Entre ellos están:
Francisco Díaz Madriz: consuegro de la pareja dictatorial y jefe de la Policía Sandinista, acusado de perseguir y asesinar a opositores.
Néstor Moncada Lau: asesor de contrainteligencia de Ortega
Julio César Avilés Castillo: jefe del Ejército Sandinista y acusado de participar en la matanza de protestantes.
Oscar Mojica: Ministro de Transporte e Infraestructura.
Gustavo Eduardo Porras Cortés: presidente del Parlamento Sandinista.
Roberto López: director del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social.
Oscar Valladares: asesor presidencial en temas de defensa y seguridad
Sonia Castro: exministra de salud y acusada de asesinar y no brindar atención médica a los heridos de las protestas.
Leonardo Ovidio Reyes Ramírez: presidente del Banco Central de Nicaragua
Estos solo son una parte de los criminales de lesa humanidad en contra del pueblo de Nicaragua que serán investigados por la justicia Argentina de forma independiente.