La madrugada de este jueves 9 de febrero, la dictadura Sandinista liberó a 222 presos políticos que estaban recluidos hace más de un año en las celdas de torturas de El Chipote y La Modelo.
Extraoficialmente se conoce que los presos políticos fueron desterrados de su país y enviados a Estados Unidos en un avión de la aerolínea Omni Air International 379, que fue financiado por el gobierno de norteamericano.
Tiempo después que se filtrara la información de la liberación y el destierro de los 222 nicaragüenses, el juez Sandinista Octavio Ernesto Rothschuh Andino salió a medios oficialistas confirmando la noticia y anunciado el cambio de medidas para los excarcelados.
“Se ordenó la suspensión inmediata de 222 personas sentenciadas por cometer actos que menoscaban la independencia, la soberanía, la autodeterminación del pueblo, por incitar al terrorismo y el desestabilización económica, pero además por lesionar los intereses supremos de la nación”, comunicó el funcionario Sandinista.
Así mismo, anunció que los 222 excarcelados quedan inhabilitados de manera perpetua para ejercer cargos públicos en un futuro; esta acción la ha estado implementando la dictadura Sandinista desde un par de semanas, justo antes de cocinar o “negociar” la liberación de estos.
Instantáneamente la Asamblea Sandinista sesionó para aprobar con “carácter de urgencia” una reforma al artículo 21 de la Constitución Política en la que establece el despojo de la nacionalidad nicaragüense a los 222 excarcelados acusados de “traición a la patria”.
La reforma al Artículo 21 establecerá que “la adquisición, pérdida y recuperación de la nacionalidad serán reguladas por las leyes. Los traidores a la patria pierden la nacional nicaragüense”.