Sophia Lacayo, nicaragüense y excomisionada por el condado de Miami Dade fue puesta en libertad tras pagar una fianza de 14,500 dólares impuesta por un juez de la ciudad, pero que desde su libertad condicional deberá enfrentar un proceso legal para responder por 21 cargos que se le acusa relacionados con el origen y uso de fondos de su campaña política de 2022.
Menos de 24 hora permaneció retenida la política y empresaria nicaragüense en la prisión Turner Guilford Knight, del condado Miami-Dade, a donde fue trasladada luego de ser arrestada en un aeropuerto de Miami cuando regresaba de unas vacaciones en Italia.
En las afueras del penitenciario la esperaban periodistas de distintos medios de comunicación en busca de una declaración oficial de la política, tras los cargos que se le imputan. Lacayo salió custodiada de varios escoltas y portando la misma camisa al momento de su detención.
Durante su detención, fiscal Katherine Fernández realizó una conferencia de prensa en la que explicó detalladamente porqué la política está siento investigada, y es que el informe de la jurista acusa a Lacayo de utilizar el dinero de distintos contribuyentes para financiar su campaña política y luego movió la plata a través de otras cuentas comerciales y personales para ocultar el origen de estos, transacciones que se resumen en “lavado de dinero”.
“Sophia Lacayo violó leyes de campaña de la Florida y violó de forma deliberada las leyes, manejo de fondos a través de varias cuentas de bancos para ocultar el origen de los fondos, una técnica de mover fondos que es usualmente asociada con situaciones de lavado de dinero”, aseguró la fiscal.
Según, Lacayo utilizó casi dos millones de dólares para su campaña política por la comisión del condado de Miami Dade en 2022, de estos, casi medio millón de dolares provenían de recursos públicos y de acuerdo a la investigación, la nicaragüense reportaba el dinero en informes oficiales de campaña como préstamos que ella misma le hizo a su campaña, en lugar de préstamos de otras personas.
“Nuestra investigación surgió a partir de una denuncia que recibió la unidad de corrupción pública. La denuncia alega irregularidades sobre la posible fuente de fondos que Lacayo reportó como préstamos a su campaña. Bajo la ley de la Florida, Lacayo tuvo que jurar sobre la veracidad de los informes y firmar cada documento personalmente, como los números en estos documentos jurados no cuadraban nosotros iniciamos una investigación sobre la fuente de fondos usados por Lacayo”, dijo la fiscal Katherine Fernández.
“Sin duda alguna, esas acciones son ilegales y no pueden ser toleradas aquí en nuestra comunidad. Con toda la evidencia que tenemos, incluyendo testimonios jurado de otros testigos, creemos que estos cargos pueden ser probados más allá de una duda razonable en un tribunal de justicia”, añadió.
De acuerdo a la investigación presentada por la jurista, a Sophia Lacayo se le imputan: