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La Corte Suprema de Justicia de Nicaragua se encuentra en medio de una situación alarmante que está llamando la atención de muchos. El matrimonio criminal de lesa humanidad conformado por Daniel Ortega y Rosario Murillo continúa despidiendo a numerosas personas que trabajan en dicha institución, y esto no pasa desapercibido.
En esta ocasión, el administrador general interino, Pablo Corea, fue destituido de su cargo poco tiempo después de haber sido despedido y detenido Berman Martínez. Corea ocupaba una de las posiciones más importantes y poderosas dentro de la institución, después del Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial, que está compuesto por cuatro magistrados de la Corte.
Cabe mencionar que Corea fue un paramilitar al servicio de la dictadura sandinista que participó en la represión de las protestas antigubernamentales de abril de 2018, donde se derramó sangre inocente. A pesar de haberse manchado las manos de sangre, esto no le sirvió de nada, ya que solo era un títere más del régimen. Otro de los despedidos es Sergio Lazo, exmilitar y secretario de una de las Unidades de Victorias Electorales (UVE), además de ser responsable de la División de Administración de Personal a nivel nacional.
Lazo manejaba a un gran número de personas, a quienes utilizaba para llevar a cabo espionaje en contra de los opositores políticos. Si alguien daba “like” a alguna publicación en contra de la dictadura, Lazo los denunciaba. La lista de destituidos también incluye a la magistrada sandinista Yadira Centeno y a la magistrada Adda Benicia Vanegas Ramos, quien es sobrina de la destituida presidenta del poder judicial, Alba Luz Ramos, entre otros.
Según informes de medios nacionales, casi 70 empleados públicos han sido destituidos de sus puestos, y la mayoría de ellos son familiares y amigos cercanos de Alba Luz Ramos, quien se encuentra bajo investigación.
Esta serie de despidos en la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua plantea serias interrogantes sobre la independencia y la imparcialidad de dicha institución. Es evidente que el matrimonio dictatorial de Ortega y Murillo está utilizando su poder para eliminar a aquellos que no siguen sus directrices y para mantener un control total sobre el sistema judicial.
EsArtículo: Despidos en la Corte Suprema de Nicaragua: Una situación preocupante
En Nicaragua, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) se encuentra en medio de una serie de despidos que han llamado la atención de la opinión pública. Estos despidos están siendo llevados a cabo por la pareja criminal de lesa humanidad, Daniel Ortega y Rosario Murillo, quienes continúan consolidando su control sobre las instituciones del país desde que asumieron el poder en 2007.
Recientemente, se ha confirmado el despido del administrador general interino, Pablo Corea, quien ocupaba uno de los cargos más importantes y poderosos dentro de la CSJ, después del Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial. Corea fue despedido y detenido poco tiempo después de la destitución de Berman Martínez, lo que ha generado sospechas sobre la motivación detrás de estos despidos.
Es importante destacar que Corea, al igual que muchos de los funcionarios despedidos, ha sido leal a la dictadura sandinista y ha participado en acciones violentas en contra de la población. En el caso de Corea, se le acusa de haber sido parte de los paramilitares que derramaron sangre inocente durante las protestas antigubernamentales de abril de 2018. A pesar de su lealtad y sus acciones violentas, Corea ha sido despedido y se ha convertido en otro títere más del régimen.
Además de Corea, otro funcionario despedido es Sergio Lazo, un exmilitar que ocupaba el cargo de secretario de una de las Unidades de Victorias Electorales (UVE) y era responsable de la División de Administración de Personal a nivel nacional. Lazo utilizaba su posición para espiar y denunciar a opositores políticos, incluso por el simple hecho de dar “like” a publicaciones en contra de la dictadura. Estos despidos demuestran la falta de ética y la represión que caracterizan al régimen de Ortega y Murillo.
La lista de despidos también incluye a la magistrada sandinista Yadira Centeno y a la magistrada Adda Benicia Vanegas Ramos, sobrina de la destituida presidenta del poder judicial, Alba Luz Ramos. Estos despidos han generado preocupación en la sociedad nicaragüense, ya que parecen estar dirigidos a aquellos funcionarios que no son considerados leales al régimen de Ortega y Murillo.
Según medios nacionales, cerca de 70 empleados públicos han sido despedidos de sus cargos, y la mayoría de ellos son familiares y amistades cercanas a Alba Luz Ramos, quien actualmente está siendo investigada. Estos despidos generan interrogantes sobre la independencia y la imparcialidad de la CSJ, ya que parecen estar motivados por razones políticas y de lealtad al régimen.
En conclusión, los despidos en la Corte Suprema de Nicaragua son una situación preocupante que pone en evidencia la falta de transparencia y la represión que caracterizan al régimen de Ortega y Murillo. Es importante que la sociedad nicaragüense esté informada sobre estos sucesos y exija justicia e imparcialidad en las instituciones del país. La situación actual de la CSJ es una muestra clara de cómo se vulneran los derechos y se socava la democracia en Nicaragua.
