Estados Unidos impuso restricción de visado a 500 funcionarios de la dictadura Sandinista por “socavar las instituciones democráticas” del país, comunicó el secretario de Estado, Antony Blinken.
Aunque no se especificó los nombres que componen la lista, el secretario de Estado detalló que entre los incluidos son funcionarios de la Policía Sandinista, funcionarios de prisiones, jueces, fiscales, trabajadores de la educación y otras personas que participan en la “represión y corrupción del régimen”, así como sus familiares.
“Ningún miembro del Gobierno de Nicaragua ni nadie que facilite los abusos del régimen debe pensar que puede viajar libremente a Estados Unidos”, dijo Blinken en un comunicado.
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Esta misma medida ha sido aplicada en diversas ocasiones y se ha comprobado que estas sanciones no han afectado a los funcionarios de Ortega, pues muchos de ellos han viajado a los Estados Unidos, y en otros casos han solicitado asilo político al “imperio”.
Las restricciones migratorias se dan luego que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, firmara una orden ejecutiva donde prohíbe a toda persona o entidad estadunidense a realizar negocios o transacciones a la Dirección General de Minas del Gobierno de Nicaragua.
La medida establece el bloqueo de todas las propiedades e intereses del sancionado que “se encuentran en los Estados Unidos o en posesión o control de personas de los EE. UU”. De igual modo, le da la facultad al Departamento del Tesoro a expandir las sanciones a personas u otros sectores de la economía del país.
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Dentro de las sanciones, también se encuentra Lenín Cerna, asesor de la dictadura Sandinista y jefe de la seguridad del estad entre 1970-1980.
Cerna fue acusado de estar “involucrado en numerosos incidentes de violencia, asesinatos y torturas y admitió estar asociado con grupos terroristas conocidos”. Así mismo, es señalado de ser cómplice del asesinato de Pablo Emilio Salazar, jefe de la guardia presidencial del entonces presidente Anastasio Somoza Debayle.