La dictadura Sandinista de Daniel Ortega se ha ensañado con 170 presos políticos que aún los mantiene en prisión, muchos están detenido desde las protestas de 2018 y no ha todos se les ha dictado sentencia condenatoria.
Los presos políticos han denunciado que han sufrido múltiples torturas tanto físicas como psicológicas por agentes policiales, de modo que su salud ha sido deteriorada, tanto que la mayoría ha entrado en estado de depresión.
En este especial te contaremos quienes de los presos políticos han sido sentenciados a muchos años de prisión por la fiscalía Sandinista desde 2019 a 2022.
Comenzaremos con los juicios políticos más recientes hasta los más antiguos:
El pasado 26 de enero, el Ministerio Público anunció que iniciaría los juicios políticos en contra de los presos políticos que hasta esta esta fecha han sido procesados al menos 7 lideres de la oposición, entre ellos:
Yader Parajón y Yaser Vado: condenados por la dictadura Sandinista el primero de febrero bajo un total hermetismo a puertas cerradas en El Nuevo Chipote. La fiscalía ordenó imputarle 10 años a Parajón y 15 años a Vado acusados bajo los cargos fabricados como conspiración, propagación de noticias falsas, vente patria y atentar contra la integridad y soberanía nacional.
Ana Margarita Vigil: arrestada el pasado 13 de junio junto a Dora María Téllez, ambas son integrantes de la Unión Democrática Renovadora (Unamos), que antes se conocía como el Movimiento Renovador Sandinista (MRS). Vigil fue condenada por el régimen Sandinista el dos de febrero de este año y se le imputa 10 años de prisión por supuesta “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional en perjuicio del Estado de Nicaragua y la sociedad nicaragüense”.
3 de febrero de 2022: fueron enjuiciados el mismo día a la dirigente del MRS-UNAMOS, Dora María Téllez, el líder estudiantil Lesther Alemán y el opositor Alexis Peralta.
A Téllez y Alemán los acusan con delitos fabricados de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional en perjuicio del Estado de Nicaragua y la sociedad nicaragüense”, mientras que Peralta, es acusado bajo la ley de ciberdelitos por supuesta propagación de noticias falsas.
La fiscalía Sandinista pidió una condena de 15 años para los tres presos políticos. Los juicios políticos fueron organizados bajo total hermetismo y a puertas cerradas en las instalaciones de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) mejor conocida como El Nuevo Chipote.
Donald Margarito Alvarenga Mendoza: fue condenado a siete años y medio el pasado 13 de enero convirtiéndose en la primer persona enjuiciada por la ley comúnmente conocida como “Ley Mordaza” o “Ley de ciberdelito”, creada para el encarcelamiento de periodistas y quienes se opongan al régimen Sandinista.
Alvarenga Mendoza fue condenado bajo el testimonio de 7 agentes policiales y por publicaciones en sus redes sociales en contra del régimen Sandinista.
Un día después que la jueza del Distrito Penal de Juicio de Chichigalpa, Rosa Velia Baca Cardoza, dictara sentencia el 13 de enero, al siguiente día la jueza Sandinista rectificó la sentencia y le impuso 12 años de prisión; la sentencia fue de 7 años y medio.
Douglas Alfredo Cerros Lanzas: segundo opositor condenado a muchos años de prisión por la ley ilegal de “Ciberdelitos”. Cerros Lanzas fue condenado el pasado 27 de enero en el que le impusieron 12 años de cárcel, cuatro por el supuesto delito de propagación de noticias falsas y ocho por menoscabo a la integridad nacional.
Harry Chávez: capturado el 6 se noviembre del año pasado y dos semas después fue enjuiciado bajo cargos fabricados de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional en perjuicio del Estado de Nicaragua y la sociedad nicaragüense” y por ciberdelito.
Kennis Vargas: detenido en 2018 por prestar sus servicios de audio en las durante las marchas realizadas en abril de 2018 en contra de la dictadura Sandinista. Después de un año fue liberado pero en agosto de 2020 fue nuevamente capturado y enjuiciado bajo un delitos común en el que le impusieron 7 años de prisión.
Julio Cesar Pineda Izaguirre: detenido por manifestarse en contra del régimen Sandinista en las protestas de 2018. La fiscalía le imputó 15 años de cárcel en febrero del 2021 bajo delitos fabricados como tráfico de drogas y crimen organizado, sin embargo, la fiscalía no presentó pruebas de dichas acusaciones.
Sergio Beteta: detenido el 21 de diciembre de 2020 frente a la UCA y condenado el 3 de marzo de 2021 por alzar la bandera nacional y quemar una del Frente Sandinista frente a policías que han mantenido sitiada las instalaciones del recinto estudiantil.
Jaime Romero Carrión: capturado en noviembre de 2020 por paramilitares sandinistas y condenado a 14 años de prisión por los cargos de tráfico de drogas y portación de armas ilegal.
Edward Lacayo Rodríguez alias la Loba: preso político declarado culpable por supuestos delitos de tráfico de drogas.
Entre 2019 a 2021 los presos políticos han enjuiciados bajo cargos comunes que al final resultaron no ser tan rentables por la dictadura Sandinista, pues era evidente que fueron enjuiciados por razones políticas.
De modo que actualmente, la dictadura Sandinista de Ortega ha creados leyes absurdas como la Ley de Soberanía y Ley de Ciberdelitos para acusar a empresarios, periodistas, defensores de derechos humanos y opositores de lavado de dinero y propagación de noticias falsas.
Hasta el momento continúan con los juicios políticos en contra de los opositores al régimen.
Este viernes cuatro de febrero el periodista y aspirante presidencial enfrentó juicio en el que se conoce que igualmente será declarado culpable.