Nicaragua está en “camino de ser expulsada de la Organización de Estados Americanos con la dirección que están tomando”, así lo aseguró el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols.
Sus declaraciones fueron hechas en una audiencia del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de EE. UU., en el que abordaron temas como las causas y posibles soluciones para abordar la inmigración irregular que se ha intensificado debido a los regímenes totalitarios como los de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití, que son quienes encabezan el éxodo migratorio en los últimos meses.
Para llegar a este punto, deben agotarse varias etapas previas que se resumen en esfuerzos diplomáticos. Si fallasen todos los intentos de diálogo con la dictadura Sandinista, como la que ocurrió hace unas semanas en la que el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, manifestó que Ortega no responde a las solicitudes que le encomendaron en una resolución de diciembre pasado.
Si fallasen los intentos de diálogo o negociación entre la dictadura y la oposición y Ortega no muestra disposición en solucionar la crisis sociopolítica, podría enfrentarse, en primer lugar, a consecuencias “diplomáticas” y en último término, la aplicación de la Carta Democrática Interamericana.
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Esto se traduce en un “aislamiento” total del país en la región, es decir, Nicaragua perdería su derecho de participación en las sesiones de la Asamblea General y en los organismos hermanos de la OEA.
Pero, sin embargo, aunque la Carta Democrática contempla que a pesar de una suspensión el país miembro debe seguir cumpliendo con sus deberes en materias de derechos humanos.
Además de un total aislamiento, Nicaragua podría tener como consecuencia la suspensión de carácter financiero, es decir, se le cortaría toda ayuda o financiamiento de bancos interamericanos como el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), que ha sido uno de los principales oxigeneradores de la dictadura Sandinista.
Solo el año pasado, el BCIE le financió a la dictadura más de 2 mil millones de dólares para proyectos sociales, pero en su mayoría, para la compra de vacunas y atención de la crisis pandémica del Covid19.
El pasado 19 de noviembre la dictadura Sandinista tomó la decisión de denunciar a la carta de la OEA, por considerar que la entidad actúa bajo “intereses del imperio” que atenta contra la soberanía de los pueblos.
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Sin embargo, aunque el régimen decidió abandonar a la OEA, este tiene la obligación de cambar el rumbo del país en materia de derechos humanos durante el plazo de dos años, de acuerdo a lo establecido al Articulo 21 de la carta.
Nicaragua se convirtió en el segundo país en abandonar la OEA, después de Venezuela bajo la narco dictadura de Nicolás Maduro, que ahora anda llorando al organismo para que le permitan pertenecer nuevamente a la OEA.