El Departamento de Comercio de Estados Unidos impuso sanciones al gobierno de Nicaragua que afectarían directamente a la Policía Sandinista, por cometer graves violaciones a los derechos humanos de los presos políticos.
Las sanciones suponen un control en las exportaciones de material militar por parte de los Estados Unidos a las fuerzas policiales de Nicaragua, es decir, el gobierno norteamericano prohíbe a las empresas vender tecnología estadounidense sin un permiso a las instituciones sancionadas.
Estas medidas afectaría directamente a la Policía Sandinista, pues ya no tendrán acceso a la compra de armas, municiones, equipos de radio y similares, mismas que han sido utilizadas para asesinar y reprimir a manifestantes en las protestas de 2018, que según organismos internacionales de derechos humanos, asesinaron a más de 350 estudiantes, entre ellos niños y adolescentes.
Esta nueva designación se da luego que el Departamento de Estado de Estados Unidos señalara a la dictadura Sandinista de ser los responsables de los ataques, arresto, torturas y ejecuciones políticas contra opositores y persecución a la iglesia católica de Nicaragua.
La Policía Sandinista es la institución más sancionada por Estados Unidos, pues en 2020 el mismo Departamento del Tesoro sancionó a esa institución y a varios de sus comisionados como Juan Antonio Valle, Luis Alberto Pérez Olivas, Justo Pastor Urbina, Francisco Díaz, director de la policía, y Ramón Avellán, subdirector.
A estos verdugos se les congeló todos sus bienes y cuentas que los sancionados tengan en Estados Unidos.