La dictadura sandinista consumó este jueves el robo de los bienes registrados y no registrados de la Cruz Roja Nicaragüense, ahora adscrita al Ministerio de Salud (MINSA).
Mediante una sesión parlamentaria de diputados aliados y partidos zancudos, aprobaron la Ley Orgánica de Cruz Roja, donde establece que la institución benemérita cuenta con “patrimonio propio, duración indefinida y con plena capacidad para adquirir derechos o contraer obligaciones”.
“La Ley Orgánica de la Cruz Roja Nicaragüense detalla la organización, funcionamiento, atribuciones y procedimientos de la CRN, se procura la buena andanza de sus sedes, filiales y puesto de Cruz Roja a nivel nacional, reafirmando y afianzando la restitución del derecho a la salud y la asistencia ante las emergencias con calidad y calidez humana”, dijo la vicedictadora sandinista, Rosario Murillo este mediodía.
La nueva Ley consta de 17 Artículos. El acápite que mas llama la atención, es el Artículo 5, que establece que la institución benemérita en Nicaragua “podrá usar el emblema y bandera de la Cruz Roja Internacional; distintivos que no podrán ser utilizados por particulares.
Esto por la polémica generada a nivel internacional, quienes advirtieron a la dictadura que no podían utilizar el emblema y la bandera de la Cruz Roja porque es un organismo de símbolo extranjero.
El pasado 10 de mayo, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, canceló la personería jurídica de la Cruz Roja Nicaragüense, tras haber sido acusada de supuestamente apoyar el supuesto “fallido golpe de Estados” en abril de 2018.
El proyecto de cancelado fue presentado por el férreo Gustavo Porras, apoyada por la pandilla de diputados Sandinistas como María Haydeé Osuna, Gladis Báez, el tránsfuga político, Wilfredo Navarro, Edwin Castro, Alejandro Ferretti y Loria Raquel Dixon, entre otros, quienes acusaron a la institución humanitaria de haber participado en las protestas antigubernamentales.
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La resolución, ordena que todos los bienes e inmuebles de la organización humanitaria pasarán a propiedad del Estado y serán administrados por el Ministerio de Salud (Minsa).