La dictadura sandinista ordenó a través de Ministerio de Gobernación (MIGOB), la cancelación de la personería jurídica de la Fundación Fraternidad Pobres de Jesucristo (FFPJ), días después que las religiosas de esta organización fueran expulsadas del país este fin de semana.
De acuerdo con el diario oficial La Gaceta, la fundación habría sido cancelada desde el pasado 30 de junio, pero fue hasta este martes 4 de julio que se hizo oficial la inhabilitación de la organización.
El MIGOB determinó que la fundación, manejadas por las religiosas expulsadas, se encontraba en “incumplimiento de sus obligaciones conforme Ley”, y supuestamente, desde enero de 2021 su junta directiva estaba se encuentra acéfala y entre los periodos fiscal 2020, 2021 y 2022, “no reportaron los estados financieros con desgloses detallados de ingresos y egresos, balanza de comprobación, detalle de donaciones (origen, proveniencia y beneficiario final)”.
“La Fundación Fraternidad Pobres de Jesucristo (FFPJ), con los incumplimientos referidos anteriormente, obstaculiza el control y vigilancia de la Dirección General de Registro y Control de Organismos sin Fines de Lucro del MIGOB y no promueven políticas de transparencia en la administración de los fondos que maneja el OSFL, desconociendo el ente regulador las actividades que realizan, la ejecución de sus proyectos y si estos fueron acorde a sus objetivos y fines, por los cuales se les otorgó la Personalidad Jurídica”, reseña el reporte de La Gaceta.
La Fundación Fraternidad Pobres de Jesucristo ha brindado sus servicios sociales desde hace cuatro años, misma fecha en que le fue otorgada la personería jurídica.