Mal paga el diablo a quien bien le sirve, dice un dicho popular en sentido figurado contra quienes han entregado sus vidas a alguien que paga mal por su servicio, tal es el caso de la Policía Sandinista, que hoy la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo les está pasando la factura por su “lealtad”.
Este martes 4 de julio, se conoció que el régimen Ortega Murillo ordenó a la Asamblea Sandinista aprobar una reforma artículo 97 de la Constitución Política de Nicaragua, el cual establece el marco legal de la Policía Nacional para ejercer más control sobre ella.
La reforma establece la modificación no sólo subordina al ente represor, sino que elimina el principio de que se trata de una “institución profesional, apolítica, apartidista, obediente y no deliberante”.
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La propuesta de reforma le cambia la naturaleza civil a la Policía Sandinista y la deja solamente como cuerpo armado; aunque esto no sorprende en lo absoluto ya que desde hace muchos años la institución policial ha sido manoseada y adulterada por la pareja de dictadores desde que tomó el poder en 2007.
Esta iniciativa supone un cambio en la naturaleza civil a la Policía y la deja solamente como cuerpo armado.
La propuesta de ley ahora establece que “la Policía Nacional es un cuerpo armado, subordinado al presidente de la República, encargado de proteger la vida de los habitantes del país, preservar el orden social y el orden interno, garantizar la seguridad de las personas y las instituciones, velar por el respeto de los bienes nacionales, sociales y particulares, ejercer la prevención, persecución, e investigación del delito y prestar el auxilio necesario a las autoridades civiles y judiciales para el cumplimiento del desempeño de sus funciones”.
La nueva orden quita por completo la figura de un “cuerpo armado de naturaleza civil, apolítica y apartidista; pero ahora, fue consumado lo que por muchos años la dictadura no había hecho, y es haber decretado de forma oficial que la sancionada Policía dependa de la autoridad ejercida por los dictadores de El Carmen como “Jefe Supremo y en estricto apego a la Constitución Política a la que guardará respeto y obediencia”.
Hasta ahora, la Policía se ha mantenido como una institución ajena al gobierno y apolítica, sin embargo, es de conocimiento nacional e internacionalmente que está siempre ha estado al servicio de la tiranía sandinista y es cómplice, al igual que el Ejército, de cometer crímenes de lesa humanidad en las protestas de abril de 2018.
La propuesta de reforma añade tres nuevos artículos para procesar a quienes cometan delitos por el personal policial, incumplimiento de deberes y por último, la deserción. Esto en referencia a decenas de altos mandos de la Policía que se han fugado de las filas de la institución y huyen a los Estados Unidos en busca de asilo político.
La dictadura sandinista receta cárcel para “el personal policial que abandone el servicio, lo que se considera deserción, incurriendo en un perjuicio grave a la seguridad ciudadana, será sancionado con una pena de dos a tres años de prisión”.
Asimismo, los oficiales que cometan delitos les serán aplicados “los delitos contemplados en esta Ley, sin perjuicio de los establecidos en la Ley N°. 641, Código Penal”.
En la adicción de “Incumplimiento de deberes”, la normativa establece que “el personal policial que sin causa justificada desobedezca las órdenes de sus superiores, en perjuicio de la seguridad ciudadana, será sancionado con una pena de seis meses a dos años de prisión”.