El gobierno de Estados Unidos le envió como regalo revolucionario un paquete de sanciones a funcionarios de la dictadura sandinista este 19 de julio, día en el que el Frente Sandinista celebra el 44 aniversario de la supuesta derrota al somocismo.
La lista de sancionados la integran 13 funcionarios al servicio de los criminales de lesa humanidad Daniel Ortega y Rosario Murillo, por haber cometido actos de corrupción y socavar los derechos humanos de los nicaragüenses.
Según el Departamento de Estado de Estados Unidos, estas personas se han visto involucradas “de manera consciente en procesos que socavan instituciones democráticas, corrupción significativa u obstrucción de investigaciones en tales actos de corrupción”.
En la lista la componen jueces y fiscales responsables de imponer “cargos espurios” a opositores y disidentes del régimen sandinista en Nicaragua.
Los sancionados son: Wendy Carolina Morales Urbina, Arling Patricia Alonso Gómez, Gladis de los Ángeles Báez, Loria Raquel Dixon Brautigam, Alejandro Mejía Ferreti, Rosa Argentina Solís Dávila, Angela Dávila Navarrete, Denis Membreño Rivas, Aldo Martín Sáenz Ulloa, Valeria Maritza Halleslevens Centeno, Eduardo Celestino Ortega Roa, Marta Mayela Diaz Ortiz y Sagrario de Fátima Benavides Lanuza.
El gobierno de Estados Unidos señala a Wendy Carolina Morales Urbina, actual fiscal general de Nicaragua, quien socavó la oficina institucionales de Fiscalía General “para facilitar una campaña coordinada para suprimir la disidencia, al confiscar propiedades de los opositores políticos del gobierno sin una base legal”.
La funcionara de la dictadura sandinista, también ha incautado propiedades de miles de organizaciones no gubernamentales “bajo leyes explícitamente diseñadas para suprimir la libertad de asociación”.
Estados Unidos señaló a Arling Patricia Alonso Gómez y Gladis de los Ángeles Báez, primera y segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional; Loria Raquel Dixon Brautigam y Alejandro Mejía Ferreti, primera y tercer secretario de la Asamblea Nacional, todos acusados de ser cómplices de la familia Ortega Murillo para despojar de la ciudadanía nicaragüense a los opositores políticos y críticos del régimen sandinista.
Asimismo, acusó a los jueces Rosa Argentina Solís Dávila y Ángela Dávila Navarrete, juristas de la corte de apelaciones en la Corte Penal de Apelaciones de Managua, facilitaron la campaña gubernamental coordinada para tomar represalias contra los críticos del régimen de Ortega-Murillo y suprimir la disidencia al despojar de la nacionalidad a los opositores políticos y críticos.
Estos son los funcionarios sandinistas que despojaron de la nacionalidad a los más de 300 nicaraguenses a los que les confiscaron sus bienes y propiedades en Nicaragua:
Denis Membreño Rivas y Aldo Martín Sáenz Ulloa, director y subdirector de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), la unidad de delitos financieros del gobierno de Nicaragua; Valeria Maritza Halleslevens Centeno y Eduardo Celestino Ortega Roa, directora y subdirector de la Dirección Nacional de Registros de la Propiedad (DNR); Marta Mayela Díaz Ortiz , vicesuperintendente de bancos y otras instituciones financieras (SIBOIF), todos utilizaron sus cargos para facilitar la incautación de activos de 94 disidentes políticos en el exilio y 222 ex presos políticos, sin base legal alguna.
En el caso de Sagrario de Fátima Benavides Lanuza, subdirectora del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social(INSS), es acusada de socavar procesos o instituciones democráticas y utilizar su influencia para confiscar las pensiones de los adversarios políticos/.
El Departamento de Estado aseguró que continuará “revisando a las personas enumeradas en el informe y considerará todas las herramientas disponibles para disuadir e interrumpir la actividad corrupta y antidemocrática” en Nicaragua y demás países Centroamericanos.