Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro, está cantando mejor que Luciano Pavarotti en la Fiscalía de Colombia, al revelar que su padre recibió dinero del narcotráfico para financiar su campaña política, fondos que fueron ocultados en la rendición de cuentas ante el Consejo Nacional Electoral de ese país.
El propio hijo del exguerrillero colombiano, confirmó que Petro tomó el poder de forma ilegal con dinero ilícito financiado por el narcotraficante Samuel Santander Lopesierra”, conocido como “el hombre Marlboro”, denunciado en marzo pasado por la exesposa de Nicolás, Daysuris Vásquez, también detenida y procesada por lavado de activos y violación de datos personales.
Según el informe de la Fiscalía, “una parte de este dinero fue utilizado por el mismo Nicolás Petro Burgos y su esposa (de entonces) para su beneficio personal e incrementar su patrimonio de manera injustificada y poder blanquear los dineros. Otra parte de esos dineros fueron invertidos en la campaña presidencial” de Gustavo Petro en 2022.
A casi un año de la toma de poder de Gustavo Petro en la presidencia de Colombia en agosto del año pasado, hasta ahora sale a relucir que los fondos financiados por el narcotráfico a la campaña política del mandatario, habrían superado los topes permitidos por la ley y una parte de estos cientos de millones de dólares, no habrían sido reportados ante las autoridades electorales.
Nicolás Petro Burgos fue capturado por la Fiscalía el pasado sábado 29 de julio como parte de una investigación por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito en los dos últimos años, donde obtuvo ingresos por 220 millones de pesos (unos 54.000 dólares al cambio de hoy), pero gastó 1.600 millones de pesos (casi 399.000 dólares).
En un comunicado publicado por la Fiscalía General de la Nación de Colombia, agrega que su exesposa, Daysuris del Carmen Vásquez Castro fue detenida por los “punibles de lavado de activos y violación de datos personales por hechos ocurridos desde 2022 a la fecha”.
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La fiscalía informó que los capturados serán puestos a disposición de un Juez Penal Municipal para la imputación por los delitos ya citados y se solicitará una medida restrictiva de la libertad, es decir, no serán puestos en libertad hasta que se haya confirmado los cargos.