La crisis en el poder judicial de Nicaragua, donde se han producido una serie de despidos y destituciones de magistrados y funcionarios. Estos eventos han llevado a la paralización del poder judicial en el país, tanto en términos jurisdiccionales como administrativos.
Uno de los puntos destacados es el despido de Camilo Ortega Herrera, hijo del dictador Daniel Ortega y la exguerrillera Leticia Herrera, de la Corte Suprema de Justicia. Este despido ha sido considerado como un secreto a voces desde que comenzaron los despidos en el poder judicial.
Además, se menciona que la crisis en la Corte Suprema de Justicia es la más profunda en la historia del país. Se han destituido a varios magistrados y funcionarios, y se han suspendido actividades judiciales y administrativas. También se ha informado sobre la paralización de la entrega de combustible a nivel nacional, lo que ha afectado el envío de cédulas judiciales y la realización de audiencias.
En cuanto a los despidos, se menciona que ahora se notifican a través de WhatsApp, y algunos empleados han sido sacados de las oficinas por la policía. Además, se ha confirmado la destitución de varios secretarios de salas de la Corte Suprema.
La crisis también ha llevado a la suspensión de pagos a proveedores y la no reconocimiento de contratos firmados por antiguos funcionarios. Esto ha generado una situación difícil para los empleados judiciales, quienes temen no recibir su salario y aguinaldo.
En cuanto a los nuevos nombramientos en la Corte Suprema, se ha mencionado que podrían retrasarse hasta enero debido a las prioridades de la Asamblea Nacional, como la aprobación del presupuesto y el Tratado de Libre Comercio con China.
Es importante que se tomen medidas para abordar esta crisis y restaurar la confianza en el poder judicial. Esto podría incluir la implementación de reformas institucionales, la promoción de la independencia judicial y la rendición de cuentas de los funcionarios.
En resumen, la crisis en el poder judicial de Nicaragua ha generado una paralización de las actividades judiciales y administrativas, despidos y destituciones de magistrados y funcionarios, y una falta de estabilidad en el sistema judicial. Estos eventos plantean serias preocupaciones sobre la transparencia y la confianza en la administración de justicia en el país. Es fundamental que se tomen medidas para abordar esta crisis y restaurar la confianza en el poder judicial.