En un nuevo acto de represión por parte del régimen sandinista en Nicaragua, Alba Luz Ramos, expresidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), ha sido víctima de la confiscación de sus propiedades. El régimen ha tomado dos de sus propiedades, una ubicada en Altos de Ticomo y otra en Poneloya, que solía utilizar como casa de vacaciones.
Esta acción represiva no se detiene ahí, ya que se especula que la dictadura también tiene la intención de tomar las casas que Ramos posee en residencial Las Colinas, así como otras propiedades que están a su nombre.
El despojo de las propiedades de Ramos ocurrió aproximadamente un mes después de que el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, enviara a Ramos bajo investigación. Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado si Ramos se encuentra encarcelada o bajo arresto domiciliario.
Este acto de confiscación de propiedades es solo una muestra más del autoritarismo y la represión que caracterizan al régimen de Ortega. Además de atacar a Ramos, la dictadura ha llevado a cabo un operativo para despedir a al menos mil funcionarios de distintas áreas del Poder Judicial. Estos despidos se han realizado con el objetivo de recontratar a exmilitares, expolicías, paramilitares y diputados leales a los Ortega Murillo, consolidando así el control del régimen sobre las instituciones del país.
La situación en Nicaragua es cada vez más preocupante, con el régimen de Ortega mostrando un claro desprecio por los derechos humanos y la democracia. La confiscación de propiedades de Alba Luz Ramos es solo un ejemplo de la represión que enfrentan aquellos que se atreven a desafiar al régimen.
Es importante que la comunidad internacional esté atenta a la situación en Nicaragua y tome medidas para presionar al régimen de Ortega a respetar los derechos humanos y restaurar la democracia en el país. La represión y el despojo de propiedades no pueden ser tolerados, y es responsabilidad de todos defender la justicia y la libertad en Nicaragua.
En resumen, Alba Luz Ramos, expresidenta de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, ha sido víctima de la confiscación de sus propiedades por parte del régimen sandinista. Dos de sus propiedades han sido tomadas, y se teme que la dictadura también vaya tras otras propiedades que Ramos posee. Esta acción represiva se suma a los despidos masivos de funcionarios del Poder Judicial, con el objetivo de consolidar el control del régimen sobre las instituciones del país. La comunidad internacional debe estar atenta a la situación en Nicaragua y tomar medidas para defender los derechos humanos y restaurar la democracia en el país.