Así paga Ortega a quien bien le sirve al meter preso a uno de los fieles, al exdiputado y exalcalde sandinista en San Juan del Sur, Gerardo Miranda.
Fuentes ligadas a Miranda, confirmaron al medio Confidencial que el exdiputado Sandinista detenido por la Policía Sandinista y posteriormente ingresado a la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como El Chipote.
A pesar que Miranda no ejercía ningún puesto público, se desconoce los motivos de la detención; pero cabe mencionar que este pertenecía a los exmiembros de la Seguridad del Estado en los años 80, Lenín Cerna, Vicente Chávez y Rodolfo Castillo (alias “Payín”), organización criminal que secuestraba y mataba a miembros de la Guardia Nacional y a quienes se oponían al FSLN.
La vida política de Gerardo Miranda, estuvo envuelto en escándalos de corrupción al igual que el ejecutivo desde que en 2007 entró al poder Daniel Ortega y Rosario Murillo.
En junio de 2007, el programa Esta Semana publicó unos audios correspondientes a la voz de Miranda, quien en ese entonces fungía como Cónsul de Nicaragua en Liberia, extorsionando “un operador de la Presidencia de la República vinculado a una oficina jurídica que funcionaba en la Casa Presidencial a cargo de los exjefes de la Seguridad del Estado Lenín Cerna y Vicente Chávez”, de acuerdo con el medio digital.
Según el medio, el exdiputado Sandinista le pedía al empresario Armel González Muhs, cuatro millones de dólares “para librarlo de obstáculos que una cooperativa estaba poniendo al proyecto turístico Arenas Tola o Arenas Bay que desarrollaba con inversionistas extranjeros para construir 60 casas de lujo”.
El caso quedó en la impunidad al igual que todos los crímenes cometidos por la dictadura Sandinista y todos sus aliados, quienes actuaron en complicidad con Miranda a tal punto de citarlo como un hombre de negocios.
Otro acto de corrupción que en su momento quedó en la impunidad, fue en 2001, cuando fungía como alcalde de San Juan del Sur, se piñateó al rededor de 50 manzanas de tierras a la alcaldía que él comandaba, violentando el artículo 43 de la Ley de Municipios, lo cual establece que los bienes públicos municipales son inalienables, es decir, que no se pueden vender o donar.
Otro hecho corruptivo por Miranda, fue cuando ingresó a las filas del PLC en 2006 a pedido de Ortega, como parte de una estrategia de espionaje o mejor dicho, como “misión encubierta” del partido sandinista para infiltrar a la bancada liberal.