Luego de una semana que los diputados ticos se quejaran por los negocios entre Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica (Enatrel), dominado por la dictadura Sandinistas, estos aprobaron una resolución en la que abrirán una investigación para documentar las inversiones de fondos ticos con el régimen de Daniel ortega.
La investigación fue aprobada luego que saliera a luz que el ICE invirtió más de 2 millones dólares, de las arcas del Estados de Costa Rica, para la creación de una empresa de la dictadura Sandinista llamada Tecomunica bajo la marca Teko.
Cabe mencionar que Tecomunica, creada en 2016 por la dictadura Sandinista, ofrece servicios de internet, televisión digital y seguridad mediante sistemas de cámaras, según su sitio web.
Tecomunica ha sido acusada de ser una empresa que sirve para espionaje y perseguir a quienes hablan en contra del gobierno.
“Aunque sea un negocio rentable para nosotros, no es relevante eso, es un tema ético político, hay un régimen prácticamente dictatorial en Nicaragua que persigue a sus ciudadanos, que tiene más de 200 presos políticos”. Teconomunica “utiliza las tecnologías de la información para espiar a sus ciudadanos”, dijo Elí Fenzaig, diputado del Partido Liberal Progresista (PLP).
El 9 de enero de 2023, los el Parlamento tico definirá la fecha en que tendrán que comparecer los funcionarios y exfuncionarios a brindar sus declaraciones al respecto.
Para la investigación serán convocados como Irene Caña Díaz, expresidenta ejecutiva del ICE; Manuel González Sanz, excanciller; así como a los actuales presidente ejecutivo del ICE, Marco Acuña Mora y el canciller Arnoldo André Tinoco.
El pasado 9 de diciembre los legisladores pidieron al presidente de ese país Centroamericano que se pronuncie al respecto, manifestando que un estado democrático como el de Costa Rica, no debería de tener negocios con un régimen que mantiene a más de 200 presos políticos.
Camila Ortega con plenos poderes para suscribir acuerdos con China comunista
Así mismo, señalaron que las inversiones públicas del ICE en Nicaragua, ponen en riesgo sus fondos en un país que no cuenta con una seguridad jurídica sólida, ya que Ortega ha recrudecido las leyes fiscales que ponen el riesgo a los inversores internacionales y nacionales.